El municipio de Guadalcázar está situado en el Altiplano Central en el Estado de San Luis Potosí, en el centro de México. Según datos oficiales cuenta con una población de 28,357 habitantes distribuidos en 82 comunidades de las c u a l e s cinco tienen más de mil habitantes. Como muchos o t ros municipios pobres su población se dedica p r i ncipalmente a la agricultura de temporal y por su escaso nivel de ingresos se ve obligada a migrar por temporadas a los centros urbanos de México o a los Estados Unidos. El conflicto se originó entre 1989 y 1991 cuando una empresa de San Luis Potosí denominada Confinamiento Técnico de Residuos Industriales S.A. (COTERIN), empezó a realizar trabajos de perforación en un predio del valle nominado La Pedrera. COTERIN informó a los pobladores que estaba buscando agua para surtir a las comunidades vecinas. (3). Sin embargo, lejos de cumplir sus promesas, depositó ilegalmente 20 mil 500 toneladas de residuos peligrosos a la intemperie. La población molesta por los engaños y ante la indiferencia de las autoridades decidió movilizarse.

 La noche del 24 de septiembre de 1991 más de 200 personas impidieron la descarga de 20 trailers con residuos peligrosos, obligando a las autoridades del medio ambiente a intervenir y a ordenar la clausura del lugar ante la evidencia de las anomalías cometidas por la empresa. En 1994 las toneladas de residuos peligrosos fueron enterradas en tres celdas aunque de manera inadecuada pues en una de ellas -según reportes oficiales- había un peligro de explosividad, quedando pendiente la limpieza del lugar.  Con la entrada en vigor del TCLAN en 1994 apareció en el conflicto un nuevo actor: la empresa Metalclad Corporation. 

Esta es una empresa estadounidense, con sede en California, que diseñó un ambicioso plan de expansión ofreciendo sus acciones en el mercado de valores de Estados Unidos y Europa, bajo la promesa de conquistar el mercado de desechos peligrosos en México. En agosto de 1993, Metalclad sin atender los ofrecimientos del Gobierno del Estado de invertir en sitios alternativos, adquirió C O T E R I N y la propiedad del basurero tóxico. El atractivo para ello fue la cercanía de importantes ejes carreteros y que la empresa mexicana había cumplido con dos de las tres condiciones necesarias para operar un confinamiento de residuos peligrosos: un permiso federal para operar y un permiso estatal de uso del suelo, quedando pendiente el permiso municipal de construcción. (3).  Ante la negativa local, Metalclad   argumentó que el gobierno de San Luis Potosí y el Ayuntamiento de Guadalcázar habían impedido indebidamente la operación del confinamiento. Demandó una indemnización por más de 130 millones de dólares. 

El caso recuerda el de Abengoa en Zimapán, Hidalgo. Así como en Guadacazar se comenzó a construir una planta de confinamiento en La Pedrera,  y cuando fracasó, Metaclad inició un juicio contra el estado, algo parecido ocurrió con la empresa Abengoa, que una vez derrotada en Zimapán, emprendió un arbitraje internacional contra México. El 22 de septiembre de 2009, Abengoa presentó en el Ciadi (Banco Mundial) la demanda arbitral contra México.

Caso CIADI No. ARB(AF)/97/01´ El caso involucró la operación de un confinamiento de desechos peligrosos en el Municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí por parte de la empresa estadounidense

Metalclad Corporation. La empresa argumentó que el gobierno de San Luis Potosí y el Ayuntamiento de Guadalcázar han impedido indebidamente la operación del confinamiento. Demandó una indemnización por más de 130 millones de dólares. El tribunal impuso una indemnización por 16 millones 685 mil dólares a favor de la empresa. El 30 de agosto de 2000, el tribunal arbitral determinó que a través de los actos del Estado de San Luis Potosí y del Ayuntamiento de Guadalcázar, México había violado sus obligaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte al no haberle otorgado a la inversión de Metalclad un trato justo y equitativo acorde con el derecho internacional, y haber adoptado medidas equivalentes a una expropiación. México impugnó el laudo ante la Suprema Corte de Justicia de Colombia Británica, Canadá. El 2 de mayo de 2001 la Corte canadiense concluyó que el Tribunal había actuado en exceso de sus facultades y desechó la parte del laudo. Sin embargo, mantuvo la determinación de que el decreto ecológico emitido por el gobernador del estado que declaró reserva ecológica la zona donde se ubica el confinamiento, constituía una expropiación indirecta de la inversión de Metalclad. El 26 de octubre de 2001, el Gobierno Federal y la empresa convinieron dar por terminada la disputa, a través de la firma de un convenio mediante el cual se pagó una indemnización por $16,002,433.00 dólares y un contrato por el que se transmitió al gobierno federal la propiedad del inmueble". (5).