En Querétaro, de igual modo, orientado por dicha lógica de privatización, el servicio de agua potable ha progresivamente ido pasando a la administración de empresas privadas, como Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, SA de CV (AQUAA). Ello ha generado resistencia de las comunidades, provocando, a su vez, un conflicto que gira en torno a garantizar sus derechos en confrontación con intereses empresariales [11] [12].    

El conflicto entre los habitantes del fraccionamiento La Pradera, situado en el municipio El Márquez en la zona periférica de la ciudad de Querétaro, la empresa AQUAA y los gobiernos municipal y estatal se origina a raíz de que la población manifestó su voluntad de que el servicio de agua potable no sea provisto por una entidad privada, sino que sea de carácter público. Este conflicto ha venido escalando desde 2019, por tocar intereses económicos de la empresa AQUAA y de los poderes políticos locales [3][4]. 

La privatización del agua en Querétaro [5] está sujeta a  intereses corporativos trayendo afectaciones en tarifas, suministro y calidad del agua. En la Pradera, “vecinos de viviendas […], buscan que la Comisión Estatal de Aguas (CEA) sea quien les proporcione el servicio de agua potable” [6]. 

El escenario se ha complejizado debido a que tanto el municipio como la Comisión Estatal de Aguas (CEA) delegan su facultad a la operadora privada, aludiendo al asunto como parte de un “contrato entre particulares”. La Comisión Estatal de Derechos Humanos no ha determinado con claridad la competencia estatal, presentándose a la misma interpretación que sugieren el municipio y el Estado [7]. También se han registrado hostilidades por parte del gobierno municipal del Marqués e intentos tanto de cooptación como de estigmatización del movimiento [8][9].

Parte del problema tiene que ver también con la mala planeación inicial del fraccionamiento por parte de la  empresa constructora Casa GEO. Esta empresa fue la mayor constructora de viviendas de interés social en México, y ha sido declarado en quiebra en 2019, después de multiples casos de corrupción y de denuncias por construcciones de mala calidades  e incumplimientos de servicios [13] [14]. En el caso del fraccionamiento La Pedrera, Casa GEO dejó abandonado el fraccionamiento en 2013, construido con materiales de mala calidad y sin ser terminado (las tuberías de agua de mala calidad generan fugas desde los inicios, no instalaron tinacos o cisternas en las casas),  y entregarlo a las autoridades municipales e instituciones a cargo de la prestación de servicios básicos (luz y agua ). Desde esta fecha se ha  convertido en un foco rojo de seguridad en el municipio, por el hacinamiento y falta de servicios básicos (alumbramiento público, servicio de recolección de basura, agua, espacios verdes) [15] [16].  

Esos antecedentes ha generado una situación en la cuál los actores involucrados (AQUAA, Casa GEO) se deslindan de sus responsabilidades, siendo los habitantes de la Pradera que sufren desde más de 5 años de las consecuencias de la ausencia de esos servicios básicos por incumplimientos de empresas privadas [17] [18]. 

Durante la pandemia, en pleno semáforo rojo, los habitantes fueron privados de agua de manera continua, todos los días hay cortes de agua por las noches y los vecinos empiezan a contar con el vital líquido hasta las 10 de la mañana [10]. No obstante haberse acumulado tres años de movilización, actualmente los vecinos organizados desde la plataforma “La Pradera quiere el servicio de la CEA”, siguen en espera de una respuesta. Hasta ahora han invocado al municipio, la DDHQ, la CNDH y los tribunales judiciales por la vía de amparo, sin que por ninguna vía hayan recibido justicia.

La privatización del agua en La Pradera no es un fenómeno aislado, sino una tendencia en aumento favorecida por la inexistencia regulatoria en el Estado. A nivel global, a nivel nacional y a nivel de municipio se ha intentado imponer ciertos intereses empresariales y políticos en donde el agua se vuelve en una insumo productivo para la industria inmobiliaria, generando diversas afecciones entre ellas que pobladores como la del Municipio Marqués reciban coacciones fácticas para contratar el abastecimiento privado de un servicio por ley público.

Visibilizar su caso permite reconsiderar una concepción de agua que sea entendido como un derecho al alcance de todas y de todos y además es dar cuenta de su lucha colectiva. 

Es una muestra de las injusticias ambientales y sociales generadas por los procesos de urbanización desmedida, como el que sufre la ciudad de Querétaro, dónde  empresas privadas (constructoras o prestadoras de servicios básicos), en complicidad con actores gubernamentales, lucran con bienes comunes como la tierra y el agua para generar sus ganancias, violando por completo los derechos humanos básicos de la población (de acceso al agua, a una vivienda digna, a un medio ambiente sano, etc). 

La empresa privada AQUAA esta actualmente a cargo del subministro de agua en este fraccionamiento. Se registran allí problemas de acceso al agua potable desde 2016.

La problemática de acceso al agua afecta también otros fraccionamientos del municipio El Marqués, como Los Héroes, Miradores y El Refugio, entre otros.

A pesar de esta problemática de acceso al agua en el municipio y de los antecedentes de casa GEO, en octubre del 2016 el ayuntamiento de El Marqués autorizó a la desarrolladora “Casas Ponty” (empresa del ex directo de Casa GEO Alfonso García Alcocer) un nuevo fraccionamiento en más de 58 hectáreas, colindante a La Pradera, para construir 4 mil 669 viviendas, avalados por la SEDESU del Estado, pero sin cumplir con los requisitos del Código Urbano, por no tener infraestructura, ni acceso, ni dictámenes [18].