Los comuneros de Catacaos denuncian que sufren una persecución desde el 2011 por la Asociación San Juan Bautista, cuyo presidente es el Arzobispo de Piura y Tumbes, sacerdote sodalita [1a], con el objetivo de despojarlos de sus tierras ancestrales. Han pedido amparo al Papa Francisco. Los representantes de la comisión enviada por el papa Francisco, el arzobispo Charles Scicluna y el sacerdote Jordi Bertomeu, escucharon a los comuneros Marcelino Inga Inga, Fiorela Martínez Imán (viuda de Guadalupe Zapata Sosa), Valeria Silupu Fernández, Paula Sandoval Sullón, Santos Maza Juárez y Percy Maza Sandoval. Todos ellos estuvieron acompañados por la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Jennie Dador. El representante y miembro del equipo legal de la CNDDHH, Carlos Rodríguez, explicó que desde el año 2011 los comuneros son criminalizados con denuncias policiales, fiscales y demandas judiciales de desalojo para que abandonen sus tierras por sus propios medios.
Detalló que los ciudadanos han sido denunciados por los delitos de usurpación simple y agravada, robo, hurto, lesiones, falsedad genérica y por terrorismo, aunque todas estas denuncias han sido archivas.
Rodríguez manifestó que esta información será transmitida al papa Francisco, quien deberá tomar una decisión. Informó que monseñor José Antonio Eguren –fundador de esta organización católica– también habría sido citado para presentar sus descargos.
Refirió que existe una gran posibilidad de que se cierre el Sodalicio como institución y que esperan que el papa Francisco emita un pronunciamiento que ayude a cesar este acoso contra los comuneros.
“Es importante que las autoridades les den voz a los comuneros que han sido invisibilizados durante mucho tiempo. Que el Poder Judicial, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia tomen decisiones para que los protejan de estos ataques que ellos sufren permanentemente”, subrayó.
Según dijo, la Asociación Civil San Juan Bautista ha avanzado y ya ha tomado posesión de más de 1.500 hectáreas, con el apoyo de equipos de seguridad privada e incluso de efectivos policiales.
“Están cercadas, en algunos casos con sembríos de empresas de agroexportación que ellos tienen y que han ido además persiguiendo todo el tiempo a los comuneros”, alertó.
Pide justicia por muerte de comunero Fiorela Martínez, esposa de Guadalupe Zapata, quien perdió la vida en el 2011 en defensa de las tierras comunales, exigió justicia por la muerte de su marido. Entre llantos, denunció que su caso fue archivado por falta de pruebas. Además, invocó al papa Francisco para que se encuentre una solución y que las tierras sean devueltas a la comunidad. [1]. Eso aparte el Sodalicio está en riesgo de supresión o disolución por el Vaticano tras muchos años y muchas pruebas de abusos sexuales internos. La sede del Sodalicio está en Lima.
La comunidad de Catacaos tiene una larga historia. [2]. Por su antigüedad, historia y extensión, una de las comunidades más importantes del bosque seco de Piura es la comunidad San Juan Bautista de Catacaos (SJBC) ubicada en el departamento de Piura, al norte del Perú, que tiene su origen en la reducción de indios del pueblo de Catacaos del siglo xvi que fue inscrita formalmente como comunidad en el Registro de Comunidades Indígenas en 1940. Su territorio ancestral abarcaba más de 200 mil hectáreas del bosque seco, las cuales se fueron reduciendo —por procesos de despojo, expansión de haciendas, privatización y venta ilegal, entre otros—, a lo largo de los siglos [3]. Esta comunidad cuenta con alrededor de 20 000 comuneros inscritos en el padrón oficial, que habitan en los más de 100 caseríos rurales que la conforman. Su órgano de gobierno es la Asamblea General de Comuneros, representada por una Directiva Comunal que se elige cada dos años, de acuerdo con la Ley General de Comunidades Campesinas promulgada en 1987. La comunidad cuenta con constancias de posesión otorgadas por la corona española en 1545 y 1646 y con una confirmación de títulos y fijación de lineros por el Virrey Toledo en 1578.
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