Debido a lo anterior, se organizó una mesa de análisis convocada por la Universidad Autónoma de Querétaro, en la que diversos investigadores discutieron y señalaron los puntos críticos de las iniciativas [3]. Tres días después, la LX Legislatura de Querétaro generó un “Foro de participación ciudadana” en el cual únicamente se dio acceso a 7 personas de la sociedad civil, invitadas un día antes; 5 de las invitadas mencionaron la necesidad de generar mecanismos de participación efectiva y reiteraron la petición social de Parlamento Abierto [4]. Sin embargo, el martes 17 de mayo la iniciativa fue aprobada por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, a pesar de las protestas realizadas dentro y fuera del Congreso [5], y el jueves 19 se aprobó La Ley que Regula la prestación de servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado del Estado de Querétaro [6]. La ley se publicó en la Sombra de Arteaga el sábado 21 de mayo, a pesar de la solicitud de parlamento abierto, la solicitud formal de veto con 3,239 firmas y el rechazo social expresado por la comunidad académica, pueblos y comunidades urbanas, rurales e indígenas, colectivas feministas, organizaciones civiles, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al agua, la Red Mexicana de Cuencas, la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, y la Red Mexicana de Acción por el Agua [7]. 

El descontento social se intensificó y surgieron distintas manifestaciones públicas organizadas, como una marcha pacífica de estudiantes y sociedad civil el 27 de mayo, y otra convocada por el Frente por la Soberanía Ciudadana el 30 de mayo. El 2 de junio se presentaron solicitudes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y la Comisión Nacional del Agua para que interpusieran acciones de inconstitucionalidad y controversia constitucional respectivamente frente a la ley publicada,  previniendo con ello futuras violaciones a los derechos humanos [8]. 

La Red en Defensa del Agua y la Vida (REDAVI), creada el 21 de mayo como un frente común no- partidista que congrega organizaciones civiles, colectivos, pueblos originarios, científicos y activistas de Querétaro, convocó a diversas acciones de movilización, difusión y diálogo. Una de estas acciones fue una concentración pacífica afuera de las instalaciones de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) el viernes 10 de junio del 2022, donde diversos defensores fueron agredidos, violentados y reprimidos por elementos de la Policía Estatal de Querétaro. La manifestación se concentró en la Avenida 5 de Febrero, frente a las instalaciones de la CEA y comenzó con una rueda de prensa en la que se solicitaron tres puntos, entre ellos la apertura de mesas de diálogo para la resolución de los  conflictos hídricos que han ido en aumento en el Estado [9].

Tras decidir limitar el flujo vehicular, al lugar arribaron elementos antimotines de la Policía Estatal en actitud intimidatoria. Para evitar la represión liberaron un carril de las dos laterales y un carril central. Sin embargo, la policía comenzó a agredir, intimidar y violentar a los manifestantes, lo cual quedó registrado en tiempo real en redes sociales [10]. Posteriormente, sometieron y detuvieron arbitrariamente a tres defensores del agua quienes no fueron informados sobre los motivos del arresto y durante las siguientes horas estuvieron intermitentemente incomunicados de sus abogados y familiares. 

Alrededor de las 9:00 pm, gracias a la presión social  y a la activación  de redes de Derechos Humanos nacionales e internacionales, los defensores fueron liberados, aún con delitos imputados [11].

Pese a que la REDAVI ha exigido el cese a la criminalización de la protesta [12][13][14] y a que el 13 de junio, la DDHQ emitió medidas cautelares dirigidas a la Secretaría de Gobierno y a Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro con respecto a las violaciones de derechos humanos durante la manifestación [15], un día después, otro integrante de la REDAVI fue intimidado y acosado por la Policía Municipal y Estatal quienes lo detuvieron arbitrariamente mientras circulaba en su automóvil particular [16].

Ante la estigmatización, agresión y criminalización de la defensa del agua se pronunciaron, entre otros, Front Line Defenders, la Red Escazú Ahora, la Coordinadora Nacional Agua para Todxs, la Red Todos los Derechos para Todxs, las 10 organizaciones de Redes del Agua y 31 organizaciones del estado vecino de Guanajuato. [17] [18] [19].

Lo acontecido en Querétaro alrededor de una ley que pone en riesgo derechos, ecosistemas y justicia hídrica, se da un contexto donde los antecedentes de violencia de Estado hacia la defensa del agua y el territorio han levantado alertas, como en el caso de Santiago Mexquititlán y distintas agresiones a ambientalistas en 2020 [20] [21]., denunciadas por la  REDAVI el 20 de junio en rueda de prensa y ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas  para los Derechos Humanos en México [22]. Además, en los últimos años la sociedad civil ha señalado reformas legislativas que criminalizan la manifestación pública y la divulgación de información  pública, conocidas como Ley Mordaza y Ley Garrote. [23] [24].